Ciudad de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó.
Mecanismo de revisión
La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones; sin embargo, de encontrarse posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.
Esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.
Detalló que la Comisión funcionaría de la siguiente forma: Los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La Comisión consulta a las dependencias de seguridad, quienes analizan y determinan si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”.
