El Príncipe Harry; Elton John y su marido, David Furnish; las actrices Liz Hurley y Sadie Frost; la activista antirracista Doreen Lawrence y el político Simon Hughes deberán pagar una indemnización inicial de 9.5 millones de libras (unos 219 millones de pesos o 13 millones de dólares) al editor del Daily Mail tras perder un juicio en julio, dictaminó un tribunal británico.
Los siete demandantes no lograron demostrar que el tabloide hubiera interceptado mensajes, intervenido ilegalmente teléfonos o contratado detectives privados para obtener información y publicar medio centenar de artículos de 1993 a 2018.
"El tribunal ordenó a los demandantes realizar un pago provisional de 9 millones 544 mil 355 libras antes del 28 de agosto", indicó la sentencia del Tribunal Superior de Londres, a cargo del Juez Matthew Nicklin.
Tras un juicio de 11 semanas por presunta invasión de la privacidad, el tribunal señaló el 7 de julio que los "demandantes no lograron demostrar las acusaciones que habían presentado. Por lo tanto, las demandas quedan desestimadas".
Al explicar su decisión, Nicklin se mostró muy crítico con la forma en que se había planteado el caso de los demandantes. Enfatizó la naturaleza puramente "especulativa" de las reclamaciones y el hecho de que los demandantes no retiraran "voluntariamente" acusaciones graves que ya no podían respaldar.
Harry y los otros seis demandantes no lograron ganar ni una de sus 97 reclamaciones.
COSTO LEGAL
La batalla judicial se trasladó luego al terreno financiero, en la que la editorial del Mail, Associated Newspapers Limited (ANL), reclama una indemnización que cubra buena parte de los 34.5 millones de libras (795 millones de pesos) que asegura que gastó durante los cuatro años del proceso. Además, había solicitado un primer pago en un plazo de dos semanas.
Los demandantes cuentan con una póliza de seguro que sólo cubre 16 millones de libras para este caso, pero deben enfrentar el cargo de 25 millones de libras pendientes, cuyo importe definitivo será fijado por la justicia. Si ANL decide reclamarles ese monto, tienen como límite el 2 de octubre para apelar.
Si bien Nicklin admitió que los costos parecían "excesivos", sostuvo que no impondría un tope que habría limitado las responsabilidades de los demandantes, ya que hubiera sido "demasiado general, correría el riesgo de ser injusto y sería vulnerable a la acusación de que era arbitrario".
ANL sostuvo que sus periodistas actuaron con legalidad y basándose en fuentes legítimas para redactar los artículos.
