El campo no necesita limosnas oficiales

Una de las obligaciones más importantes y menos cumplidas de la Ley Agraria se encuentra en el artículo cuarto: el deber del gobierno de promover acciones sociales en favor de la población rural. No es una recomendación, no es un adorno legislativo ni una frase colocada para quedar bien. Es un mandato legal que los tres niveles de gobierno han ignorado sistemáticamente.
La Ley Agraria ha sido leída por la administración pública de manera cómoda, limitada y burocrática, como si solamente sirviera para regular asambleas, parcelas, certificados, comisariados y conflictos entre ejidatarios. Bajo esa visión estrecha, el gobierno se ha desentendido de una realidad mucho más amplia: en los ejidos y comunidades no viven únicamente ejidatarios y comuneros.
También viven posesionarios, avecindados, mujeres campesinas, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, trabajadores del campo y familias enteras que sostienen la vida rural sin aparecer, muchas veces, en el centro de las decisiones públicas. Todos ellos forman parte de una figura social clara, reconocible y profundamente olvidada: los pobladores.
La propia Ley Agraria, en sus artículos 41 y 42, regula las juntas de pobladores, sus funciones y atribuciones. Dichas juntas están vinculadas con los servicios públicos, las obras necesarias para los asentamientos humanos y las condiciones indispensables para vivir con dignidad en las zonas urbanas rurales. Pero estas disposiciones no pueden verse aisladas. Son complemento directo del mandato social contenido en el artículo cuarto.
El problema es que el gobierno ha sustituido el desarrollo social por asistencialismo barato. Cuando las autoridades dicen atender al campo, muchas veces lo que hacen es llevar despensas, repartir apoyos en pensiones, entregar dádivas electorales y tomarse fotografías con la pobreza rural como escenografía política. Eso no es desarrollo social. Eso es administración de la miseria.
Una despensa no transforma una comunidad. Un regalo oficial no construye ciudadanía. Una entrega ocasional de alimentos no resuelve décadas de abandono, inseguridad, falta de servicios, rezago educativo y marginación territorial. Sirve, cuando mucho, para contener momentáneamente la necesidad; pero no modifica las causas profundas del atraso rural.
El verdadero desarrollo social exige mucho más que programas dispersos y discursos compasivos. Implica igualar condiciones entre el campo y la ciudad. Significa que vivir en una comunidad ejidal o comunal no debe condenar a nadie a tener menos educación, menos seguridad, menos cultura, menos servicios, menos oportunidades y menos futuro.
Los pobladores rurales tienen derecho a vivir en paz, con servicios públicos completos, caminos transitables, agua potable, drenaje, alumbrado, conectividad, espacios deportivos, centros comunitarios y acceso real a la educación y la cultura. No como favores del gobierno, sino como derechos derivados de su dignidad humana y de la propia obligación legal del Estado.
También urge enfrentar con seriedad la violencia y la delincuencia que han penetrado muchas zonas rurales. No basta con visitar comunidades en campaña ni enviar patrullas cuando ocurre una tragedia. Se requiere presencia institucional permanente, prevención, justicia, deporte, cultura y oportunidades para niñas, niños y jóvenes.
Las mujeres rurales merecen una política especial, no discursos de ocasión. Necesitan educación, capacitación, cultura, salud, autonomía económica y participación efectiva en las decisiones comunitarias. Mientras ellas sigan siendo tratadas como beneficiarias pasivas de programas asistenciales, el desarrollo rural seguirá incompleto y profundamente injusto.
El verdadero indicador debe ser otro: cuánto mejoró la vida de la gente. Cuántas comunidades dejaron de estar abandonadas. Cuántas mujeres pudieron estudiar o emprender. Cuántos jóvenes encontraron alternativas distintas a la migración, la violencia o el desempleo. Cuántas familias rurales accedieron, por fin, a una vida segura y digna.
Hoy los programas sociales existen, pero con frecuencia operan desarticulados, sin visión territorial y sin impacto estructural. Más que instrumentos de crecimiento humano, parecen mecanismos de control político y dependencia institucional.
El campo mexicano no necesita caridad gubernamental. Necesita justicia social, inversión pública, respeto institucional y cumplimiento estricto de la Ley Agraria, no para repartir limosnas oficiales, sino para transformar las condiciones de vida de los pobladores del campo.