Por: Joatam de Basabe*
Las denuncias contra el Instituto de Psiquiatría de Baja California deberían preocuparnos más allá del escándalo momentáneo. Cuando alguien busca atención psiquiátrica generalmente ya viene cargando demasiado encima: ansiedad, depresión, crisis emocionales o padecimientos que alteran completamente la vida cotidiana y familiar de las personas.
El psiquiatra denunció específicamente que pacientes estaban siendo atendidos por médicos generales con capacitación breve en salud mental, presuntamente sin supervisión suficiente de especialistas certificados. También señaló diagnósticos equivocados, tratamientos inadecuados y rotaciones de residentes realizadas, según afirmó, sin acompañamiento profesional adecuado.
Lo señalado por un médico psiquiatra resulta delicado porque habla de posibles diagnósticos equivocados y tratamientos inadecuados dentro del sistema público. No estamos hablando de una receta cualquiera. En psiquiatría, una decisión incorrecta puede empeorar la condición emocional de un paciente vulnerable considerablemente.
El Instituto respondió públicamente y aseguró contar con especialistas, médicos residentes y personal capacitado para brindar atención bajo supervisión permanente dentro de sus distintos espacios de consulta y tratamiento clínico.
Pero incluso aceptando la postura oficial, el problema sigue existiendo. Baja California, igual que gran parte del país, enfrenta una carencia evidente de especialistas en salud mental. Hay más pacientes buscando ayuda y menos psiquiatras disponibles para atenderlos adecuadamente dentro del sistema público de salud actualmente saturado.
Esa saturación termina provocando algo peligroso: normalizar la insuficiencia. Poco a poco comenzamos a aceptar consultas apresuradas, meses de espera y servicios rebasados como si fueran inevitables. Y cuando eso ocurre en salud mental, quienes pagan las consecuencias suelen hacerlo en silencio y lejos de cualquier reflector público.
En ciudades como Ensenada, muchas familias simplemente no pueden pagar atención privada. La consulta psiquiátrica representa un gasto imposible para personas que apenas alcanzan a cubrir renta, transporte y alimentación. Por eso las instituciones públicas terminan siendo la única alternativa disponible para quienes necesitan tratamiento constante y profesional.
También llama la atención que la denuncia haya sido anónima. Eso refleja algo preocupante dentro del propio sistema médico: la percepción de que expresar inconformidades puede traer consecuencias laborales o personales. Cuando el miedo aparece incluso entre especialistas, la confianza institucional inevitablemente comienza a deteriorarse entre trabajadores y pacientes.
El tema tampoco debería convertirse en una disputa mediática donde cada parte intenta proteger su imagen. Aquí no está en juego solamente el prestigio de una institución pública o la credibilidad de un médico inconforme. Lo verdaderamente importante es saber si los pacientes están recibiendo atención segura y adecuada realmente.
Porque quien llega a consulta psiquiátrica normalmente no lo hace por comodidad. Llega agotado. Llega roto emocionalmente. Llega intentando sostenerse mientras todo alrededor parece derrumbarse lentamente. En esas circunstancias, un diagnóstico correcto puede representar estabilidad; uno equivocado puede agravar todavía más el sufrimiento de una persona.
La salud mental dejó de ser un asunto secundario desde hace muchos años. Está presente en las escuelas, en los hogares y en los espacios laborales. Por eso cualquier señal de alerta merece revisarse con seriedad. La confianza pública no se construye negando problemas, sino enfrentándolos con transparencia y responsabilidad.
*Periodista y catedrático