Corrigen proceso

La nueva iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial volvió a generar un debate de fondo sobre el rumbo de la procuración y administración de la justicia en México, particularmente por el aplazamiento de la segunda etapa de renovación de jueces y magistrados federales de 2027 a 2028, así como por el rediseño del mecanismo de selección que mantiene la controvertida insaculación.
El documento, entregado a la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Laura Itzel Castillo, sostiene que “la iniciativa parte de un principio de continuidad y consolidación: no sustituye a la reforma judicial de 2024; la profundiza”, bajo la promesa de acercar la justicia a la ciudadanía.
Sin embargo, el mismo texto abre interrogantes al justificar los cambios en “áreas de oportunidad” y en la necesidad de “perfeccionar el diseño normativo sin alterar su fundamento democrático”, lo que para críticos podría interpretarse como ajustes de alto calado sin revisión suficiente.
Uno de los puntos más polémicos es la permanencia de la insaculación, mecanismo que en 2025 generó controversia por el uso de tómbolas. La iniciativa la defiende como un instrumento que “preserva la igualdad de oportunidades entre personas igualmente calificadas, introduciendo un elemento de aleatoriedad que impide la captura del proceso por grupos de interés o influencias indebidas”.
También se propone reducir el número de candidaturas y adelantar la convocatoria del Senado, lo que reorganiza de manera significativa el proceso de selección de aspirantes.
Y en paralelo, se plantea la creación de una comisión integrada por coordinadores de los comités de evaluación, encargada de homologar criterios y exámenes de conocimiento, con el objetivo de dar mayor eficiencia a un proceso que, según la propia iniciativa, sufrió sobrecarga operativa.
La senadora Castillo, como receptora del documento, tendrá un papel clave en la discusión legislativa de una reforma que se propone “perfeccionar el modelo de democratización de la justicia”, aunque sus implicaciones prácticas aún generan dudas entre especialistas.
Otro elemento relevante es la coincidencia propuesta entre la elección judicial de 2028 y la revocación de mandato, lo que podría concentrar en una sola jornada dos mecanismos de alto impacto político.
Bajo el argumento de austeridad, se plantea además un esquema para que la ciudadanía vote en las mismas ubicaciones que en elecciones ordinarias, lo que busca simplificar la logística electoral.
No obstante, persisten preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial, especialmente ante el mandato de excluir la participación de partidos políticos y reorganizar el territorio judicial bajo criterios electorales.
Aunque la iniciativa afirma que busca consolidar “un poder con mayor legitimidad, cercano a la ciudadanía y capaz de garantizar una justicia pronta, completa, imparcial y profesional”, el reto será demostrar que la reforma no debilita la autonomía judicial.
En Ensenada y en el resto del país, el debate continuará, porque se trata de definir si el nuevo diseño institucional fortalece la justicia o si abre la puerta a nuevas formas de intervención política en su integración.
Finalmente, la discusión legislativa que se avecina exigirá claridad, transparencia y responsabilidad política de todas las fuerzas representadas en el Congreso.
Por tanto, la ciudadanía espera certezas sobre un sistema de justicia que ha sido históricamente cuestionado, pero su operación no puede reducirse a ajustes cosméticos, sino centrarse en garantizar independencia judicial, equidad en el acceso a cargos y reglas que eviten la captura institucional por intereses políticos o económicos.